Cada vez lo tengo más claro, la igualdad ante la justicia es papel mojado. Para muestra esta noticia sacada de "La Voz de Galicia".
¿Debe primar el derecho constitucional a una vivienda digna o el cumplimiento estricto de las ordenanzas urbanísticas? Ese es el dilema al que se enfrenta la jueza de lo Penal número 1 de Vigo tras celebrar ayer una vista por un delito urbanístico en el que un matrimonio puede perder su hogar.
La Fiscalía pide una suma total de seis años de cárcel para tres miembros de una familia por levantar sin licencia un chalé prefabricado en su finca de Comesaña. Les acusa de incurrir en un delito contra la ordenación del territorio después de que un vecino que quiso comprarles las tierras sin éxito denunciase la existencia de la construcción ilegal ante el Seprona de la Guardia Civil.
Todo empezó en el 2006, cuando la dueña, Margarita López, cedió a su hija recién casada una finca de 1.500 metros cuadrados en el Camiño dos Redondos, en Comesaña, para que cumpliese su sueño de tener un hogar. Por esas fechas, un vecino se interesó por la finca pero aseguró a su dueña que la leira «non valía nada» y se ofreció a comprársela al día siguiente. Ella desconfió porque «si no vale nada, ¿para qué la quiere?».
La suegra pensó en una solución mejor: que el matrimonio y una nieta, que vivían con ella, levantase una casa en esas tierras, que les cedió. Pero el suelo era rústico y no edificable. «Alrededor de nuestra finca hay 20 chalés en la misma situación pero solo han venido a por nosotros», se quejaba ayer Margarita en los pasillos.
Su yerno, Daniel Nova, fue a preguntar en las ventanillas del Concello de Vigo. Un funcionario que no supo identificar le explicó que las piscinas portátiles y las casetas de madera que venden en los hipermercados son elementos móviles que no precisan licencia de construcción. Su esposa e hija de la dueña, Cristina López, consultó en foros de Internet. «Todos me decían que no hacía falta una licencia para montar una casa de madera», declaró ayer entre sollozos. El Concello solo les otorgó una licencia para vallar el solar.
El marido, Daniel, exculpó en el juicio a su esposa y a la suegra. Este relató que adquirió en Portugal una casa prefabricada de 100 metros cuadrados que ensambló él mismo con troncos numerados. Les costó 80.000 euros, que sufragó mediante la suscripción de una hipoteca. Las obras arrancaron en marzo del 2007 y un año después ocuparon la casa. Mandó echar sobre el suelo una placa de cemento para anclar la vivienda de madera. Esta solera de hormigón es la clave del delito urbanístico. Daniel mantiene que una casa de madera es un elemento móvil, no inmueble. Su abogado recalca que pudo haber una «confusión» la misma finca cuenta con áreas que son urbanizables pero la perito aparejadora del Concello descartó ayer que las zonas agrícolas y edificables se puedan entremezclar sino que son independientes. Los peritos, incluso el citado por los acusados, admiten que la casa se levantó sobre un emplazamiento que figura en el mapa municipal como zona agropecuaria y de protección.
La fiscal concluye que «los tres sabían» que la obra era ilegal. «¿Por qué si no la madre iba a ceder una finca a su hija sin valor? ¿Por qué pidieron licencia del cierre y no de construcción?», inquirió.
La paradoja es que la vivienda está rodeada de chalés de lujo de tres plantas, caminos asfaltados, alumbrado y alcantarillado público, naves industriales y una cochera de camiones de basura. «No hay interés paisajístico que proteger», ironizó el abogado. «Nosotros pagamos impuestos y ahora mi hija se tiene que ir a dormir debajo de un puente. No tiene ni una casa de madera donde meterse», se quejó ayer la suegra.
¿Debe primar el derecho constitucional a una vivienda digna o el cumplimiento estricto de las ordenanzas urbanísticas? Ese es el dilema al que se enfrenta la jueza de lo Penal número 1 de Vigo tras celebrar ayer una vista por un delito urbanístico en el que un matrimonio puede perder su hogar.
La Fiscalía pide una suma total de seis años de cárcel para tres miembros de una familia por levantar sin licencia un chalé prefabricado en su finca de Comesaña. Les acusa de incurrir en un delito contra la ordenación del territorio después de que un vecino que quiso comprarles las tierras sin éxito denunciase la existencia de la construcción ilegal ante el Seprona de la Guardia Civil.
Todo empezó en el 2006, cuando la dueña, Margarita López, cedió a su hija recién casada una finca de 1.500 metros cuadrados en el Camiño dos Redondos, en Comesaña, para que cumpliese su sueño de tener un hogar. Por esas fechas, un vecino se interesó por la finca pero aseguró a su dueña que la leira «non valía nada» y se ofreció a comprársela al día siguiente. Ella desconfió porque «si no vale nada, ¿para qué la quiere?».
La suegra pensó en una solución mejor: que el matrimonio y una nieta, que vivían con ella, levantase una casa en esas tierras, que les cedió. Pero el suelo era rústico y no edificable. «Alrededor de nuestra finca hay 20 chalés en la misma situación pero solo han venido a por nosotros», se quejaba ayer Margarita en los pasillos.
Su yerno, Daniel Nova, fue a preguntar en las ventanillas del Concello de Vigo. Un funcionario que no supo identificar le explicó que las piscinas portátiles y las casetas de madera que venden en los hipermercados son elementos móviles que no precisan licencia de construcción. Su esposa e hija de la dueña, Cristina López, consultó en foros de Internet. «Todos me decían que no hacía falta una licencia para montar una casa de madera», declaró ayer entre sollozos. El Concello solo les otorgó una licencia para vallar el solar.
El marido, Daniel, exculpó en el juicio a su esposa y a la suegra. Este relató que adquirió en Portugal una casa prefabricada de 100 metros cuadrados que ensambló él mismo con troncos numerados. Les costó 80.000 euros, que sufragó mediante la suscripción de una hipoteca. Las obras arrancaron en marzo del 2007 y un año después ocuparon la casa. Mandó echar sobre el suelo una placa de cemento para anclar la vivienda de madera. Esta solera de hormigón es la clave del delito urbanístico. Daniel mantiene que una casa de madera es un elemento móvil, no inmueble. Su abogado recalca que pudo haber una «confusión» la misma finca cuenta con áreas que son urbanizables pero la perito aparejadora del Concello descartó ayer que las zonas agrícolas y edificables se puedan entremezclar sino que son independientes. Los peritos, incluso el citado por los acusados, admiten que la casa se levantó sobre un emplazamiento que figura en el mapa municipal como zona agropecuaria y de protección.
La fiscal concluye que «los tres sabían» que la obra era ilegal. «¿Por qué si no la madre iba a ceder una finca a su hija sin valor? ¿Por qué pidieron licencia del cierre y no de construcción?», inquirió.
La paradoja es que la vivienda está rodeada de chalés de lujo de tres plantas, caminos asfaltados, alumbrado y alcantarillado público, naves industriales y una cochera de camiones de basura. «No hay interés paisajístico que proteger», ironizó el abogado. «Nosotros pagamos impuestos y ahora mi hija se tiene que ir a dormir debajo de un puente. No tiene ni una casa de madera donde meterse», se quejó ayer la suegra.
No me opongo a que si incumples la ley, lo pagues. Ahora bien, en este caso parece ser que no es tan ilegal un chalet de lujo de varias plantas como una humilde cada prefabricada de madera...
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